PARÍS/MADRID.- El Gobierno francés presentó un proyecto de ley de protección de la creación en Internet, que prevé la suspensión de la conexión a la red de los abonados que se descarguen archivos ‘ilegalmente’.
La medida será adoptada tras dos advertencias previas al abonado y a instancias de una autoridad independiente que será creada a tal efecto, precisó el Ejecutivo. Dicha autoridad (Hadopi) estará integrada por magistrados que tendrán por cometido garantizar la regulación de las medidas técnicas de protección e identificación de las obras protegidas.
El texto fue presentado en el Consejo de Ministros por la titular francesa de Cultura, Christine Albanel, que cree poder reducir los actos de piratería entre un 70% y un 80%.
La suspensión del abono podrá tener una duración de entre tres meses y un año y puede ser modificada si el internauta acepta el pago de una multa.
“El proyecto de ley responde a una situación de urgencia, la economía del sector cultural y la renovación de la creación están amenazadas por el robo sistemático de obras en las redes digitales”, indicó el Ejecutivo.
El proyecto de ley recoge las propuestas elaboradas por una comisión que integró a organismos representativos del sector musical, el cine y las empresas de acceso a Internet.
El presidente Nicolas Sarkozy afirmó durante el Consejo de Ministros que “Internet no puede ser una zona de no derecho”, según relató el portavoz del Ejecutivo, Luc Chatel.
Albanel consideró el proyecto “equilibrado” y señaló que viene acompañado de “un aumento de la oferta legal” para comprar archivos en internet.
Otros casos
La medida francesa podría ser ‘copiada’ por otros países, como el Reino Unido, Suecia y Bélgica, en su lucha contra los intercambios de música y vídeo protegidos por derechos de autor.
En el caso británico, desvelado este año, existe un texto aún no presentado en el que recoge que los clientes sospechosos de ese tipo de prácticas recibirán un aviso en cuanto sean sorprendidos por primera vez, serán suspendidos por algún tiempo a la segunda ocasión y, si vuelven a reincidir, se quedarán sin conexión.
Según señalan varios medios británicos que han tenido acceso al borrador legislativo, las compañías de banda ancha que no cumplan serán perseguidas legalmente.
En España, el director de la Agencia Española de Protección de Datos, Artemi Rallo, afirmó recientemente para Ariadna que “no está claro qué es o no delito, porque la descarga no lo constituye, ni tampoco facilitar el uso masivo a usuarios”, y se mostró cauto respecto a las medidas anunciadas en Francia y Gran Bretaña
Rallo afirmó que “en España no hay una ley que disuelva el dilema” entre la protección de la propiedad intelectual y la de la intimidad de los usuarios. En cambio, afirma Rallo, estos dos países han optado, al amparo de la legislación europea, por “decantarse de un lado, aunque eso suponga en la práctica una restricción de derechos para sus ciudadanos”.
Fuente: Diario El Mundo, España
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